Textileros calculan $us 100 millones de pérdidas anuales

La Conamype y el Gobierno nacional firmaron ayer un acta de entendimiento. El ente exige una ley que asigne competencias a las alcaldías para el control de la comercialización de prendas usadas


“La venta de ropa usada afecta en el 70% de nuestras ventas. No se puede competir en el precio”, señaló José Quiroga, que tiene un taller de confección de jeans. Por su parte, Felix Nicasio, también textilero, señaló que el mercado ha ‘mermado’ debido a la comercialización de prendas de segunda mano provenientes del exterior.

Así como ellos, son 25.000 las unidades productivas de todo el territorio nacional que son afectadas por el ingreso y venta de ropa usada en Bolivia, según Juan Carlos Vargas, presidente de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype).

En cuanto al impacto económico, Vargas indicó que el sector pierde $us 100 millones anuales. “La situación es incontrolable y no se da una solución definitiva a este problema. Ya no estamos dispuestos a perder más recursos, porque somos los más afectados (el sector de confecciones)”, dijo.

Acta de entendimiento
El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (Conamype), Humberto Baldiviezo, informó ayer que el sector firmó con el Gobierno un acta de entendimiento para dar solución a sus demandas.

Cabe recordar que Conamype realizó esta semana una marcha desde Patacamaya hacia La Paz, para exigir la aprobación del proyecto de ley que asigne competencias a las alcaldías para el control de la venta de ropa usada.

“Se ha podido firmar un acta de entendimiento”, expresó Baldiviezo y cuestionó la posición del ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, que participó de la reunión. “Pareciera que no tiene la voluntad de querer solucionar los problemas estructurales que tiene el sector pyme”, expresó.

En la reunión además participaron el Ministerio de De-sarrollo Productivo, el Ministerio de Economía, el de Medioambiente y el Viceministerio de Vivienda.
En busca de una solución definitiva a sus demandas, Conamype también pidió audiencias con los presidentes de la Cámara de Senadores y Diputados para saber en qué etapa se encuentra la ley de asignación de competencias.