miércoles, 26 de abril de 2017

AHA: bolsas coloridas y tejidos de Bolivia para el mundo



Dos cachorros de puma son el inicio de la historia de AHA, un emprendimiento que lleva coloridas bolsas de mano de plástico reciclado y tejidos elaborados en Bolivia a Estados Unidos, Europa, Australia y a otros mercados del mundo.

¿Qué tienen que ver los pumas? Hace 27 años llegó de Estados Unidos al país Anna Hosbein, de la mano de su esposo boliviano, Carlos Aliaga, un ecólogo que desarrollaba proyectos financiados por ese país en Bolivia. Cuatro años después, campesinos del valle alto le entregaron a él, como ecólogo, dos cachorros de puma, cuya madre había sido cazada. Como en esa época no había refugios para animales silvestres, el profesional construyó uno en una propiedad que compró en Isla del Sol. La siguiente pregunta era de dónde sacar dinero para mantenerlos. Después de tocar varias puertas, llevaron artesanías a Estados Unidos para recaudar fondos.

En esa campaña, hubo gente que quedó admirada con las bolsas y los tejidos. Era una puerta que se abría. Y fue así como se hicieron los primeros contactos y se hizo constante el flujo de los artículos bolivianos a los mercados internacionales.

La actividad terminó convirtiéndose en un emprendimiento permanente. Había nacido AHA Bolivia, un emprendimiento de bolsos de mano y accesorios, cuyos ingresos no sólo sirvieron para mantener a los pumas, sino también para dar trabajo a muchos artesanos y obreros bolivianos. De paso, se llevó por el mundo la imagen de Bolivia.

Paralelamente, se diseñaron nuevos modelos, prácticos y elegantes, de acuerdo a la demanda internacional (Anna Hosbein dice que en estos 23 años hizo tantos modelos que podría hacer alguno con los ojos cerrados). Además, los productos se ampliaron a mochilas, estuches para computadoras, cojines, y mucho más. Sin embargo, como quiera que la competencia internacional es muy reñida, se utilizó la estrategia de contactarse con clientes exclusivos, que pudieran adquirir los productos bolivianos, más que los mercados abiertos.

Anna Hosbein conserva una foto en la que aparecen los actores Matt Damon, Jennifer Garner y Ben Affleck con una de las bolsas AHA. Otra estrategia fue la de tomar contacto con intermediarios, que compran los productos y que los acomodan en grandes tiendas.

Actualmente, AHA trabaja en la reconstrucción de su imagen y de sus estrategias de mercado, lo que incluye participación en ferias internacionales y posicionamiento en las redes sociales.

¿Y los pumas? Vivieron durante más de 15 años (tiempo de vida natural de un felino silvestre). El refugio se convirtió en un museo, con su espacio para dar más oportunidades a los artesanos del lugar.



"Actores como Matt Damon y Ben Afflek utilizan las bolsas de AHA"



PRODUCCIÓN CON PRECIO JUSTO

AHA Bolivia es una de las pocas empresas bolivianas con membresía en World Fair Trade Organization (WFTO), que certifica que el producto ha sido elaborado y comercializado a previo justo, lo que garantiza un buen pago a los productores.

Por ello, se preocupa de hacer un buen pago a sus productores, aunque ello implique subir el precio final del producto.

AHA cuenta con más de 200 artesanos que elaboran sus tejidos a mano o a máquina. Una prenda bien elaborada en lana de alpaca puede salir de Bolivia a 100 dólares. De esta cifra, el 30 por ciento irá para el artesano, el otro 30 por ciento para la empresa y un 30 por ciento para el material. La empresas de allá pueden revender la misma prenda en 400 euros.

Las bolsas de plástico reciclado, en cambio, son diseñadas por la empresa, pero se elaboran en pequeñas factorías en distintos barrios de la ciudad. En estos casos, los productores no ganan por comisión, sino por sueldo.



HACIA EL MERCADO BOLIVIANO

• Anna Hosbein de Aliaga puso a su emprendimiento el nombre de Ahá. Asemejaba a un “Guau”, “lo encontré”. Casualmente, también son las iniciales de su nombre.

• Pese a que su principal mercado se encuentra en el exterior, busca también abrirse espacio en el mercado local.

• Su tienda principal en Cochabamba se encuentra en la calle Hamiraya #681 entre La Paz y Reza (casi Costanera). Teléfono 4522693.

• También está la tienda KIWI, Juan Capriles 208. Esquina Potosí.

• En Sucre, La Rayuela Librería. Calle J.J. Pérez 331 Supermercado SAS Local B1.

• La Paz: CMilla. San Miguel. Avenida Montenegro Nro. 724. Galeria. La Fuente, Local. 4.

• Santa Cruz: 3er anillo Equipetrol, pasillo 9c / norte #41 (Diagonal al oncologico).

En Facebook: f/Aha Bolivia Srl


martes, 25 de abril de 2017

Industriales optan por material económico y viajes a frontera

Los dueños de la empresa textilera Coria decidieron realizar viajes hasta la frontera con Argentina para vender los pantalones de mezclilla (jeans) que confeccionan. Manufactura Nacional Cochabamba (Manaco) lanzó este año calzados de lona, más económicos que los de cuero, y ya no contrata personal desde 2013.

En ambos casos, como otras industrias, tienen como objetivo asegurar las ventas, porque se ven afectados por el contrabando y la venta de ropa y prendería a medio uso.

El presidente de la Cámara de Industria de Cochabamba, Antonio Fernández, informó ayer que como sector apoyan el proyecto de ley del Gobierno central que pretende que las alcaldías asuman la competencia del control de la comercialización de la ropa usada. Representantes de diferentes industrias y de la Federación de Fabriles respaldaron la postura. En tanto que los comercializadores de prendería usada defienden sus puestos laborales.

El gerente Administrativo de Coria Textiles, Álvaro Coria, describió que el negocio familiar incluye en su cadena de trabajo viajes de 48 horas por tierra para llegar hasta lugares como Villazón y Bermejo, para realizar una venta directa de jeans a 40 bolivianos, con ganancia mínima.

“Estamos totalmente golpeados. No vendemos ni el 10 por ciento de la producción local. Lo estamos haciendo en las fronteras para poder subsistir”.

La textilera tiene 20 años. En la actualidad, confecciona de 2.500 a 3 mil prendas al mes, 300 por ciento menos de las alrededor de 12 mil que costuraba hace 10 años.

“Estamos siendo invadidos, por el contrabando, por ropa brasileña, china, prendas usadas. Nos vemos desprotegidos”.

La empresa Manaco también asumió algunas medidas para mantener su producto en el mercado.

El gerente de Recursos Humanos, Juan José Pimentel, manifestó que las ventas se redujeron en casi un 50 por ciento desde 2013. Hace cuatro años, Manaco vendía 2 millones de calzados y en la actualidad alcanza solo cerca de la mitad.

“Tiene que ver el precio competitivo y, además, el contrabando que no paga impuestos ni beneficios sociales. Nosotros cumplimos todo lo que la ley nos manda. Nuestra calidad es mayor y ofrecemos garantía real en el país”.

Aunque aseguró que Manaco tiene una proyección de vida asegurada, reconoció que no contratan más personal. En la actualidad tienen 720 trabajadores. En 2013 eran alrededor de 900. Varios se retiraron por distintos motivos, incluida la jubilación. Los puestos no fueron ocupados por otras personas.

“Nos vemos afectados al no poder brindar más fuentes de ingreso al país”.

Este 2017, la empresa mudó parte de su materia prima, de cuero a lona. “La lona está pegando más en el país y es económica”.

Manaco disminuyó la producción de los calzados de lujo para abaratar costos.

Los zapatos de mayor precio tienen forro de cuero y los que son más económicos de lona.

El presidente de la Cámara de Industria enfatizó que la ropa usada es contrabando, “un ilícito, una actividad ilegal”.

Dijo que cada año se estima que ingresan al país 8 mil toneladas de ropa usada, un equivalente a alrededor de 40 millones de dólares.

Conforme a los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre los departamentos más afectados por el contrabando son Cochabamba, donde el año 2000 el sector textil tenía una participación 1.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). En la actualidad, el porcentaje bajó a 0.7.

Citando a la Aduana Nacional, Fernández informó que entre enero de 2010 y abril de 2014 se decomisaron 62.276 fardos de ropa usada. Oruro encabeza la lista con el 58.81 por ciento , le sigue La Paz con 19.08 por ciento y Cochabamba con un 14.31 por ciento .

El gerente general de Julios, Ronald Rodríguez, expresó que “de seguir en ese camino, muchas empresas más van a cerrar”.

El representante legal de la empresa Sentex, Manfred Schejtman, manifestó que se puede generar más empleo y que “lo único que falta es que el Gobierno defienda la industria”.

Estas circunstancias derivaron también en el cierre de empresas. Fernández recordó que en 2016 se cerraron más de 7 mil en Bolivia, de las cuales alrededor de 2 mil estaban en Cochabamba, donde había unos 60 mil empleados. Los sectores más afectados fueron textiles, alimentos y bebidas, marroquinería y cerámica.

La directora de la Cámara de Industria Liliana Almanza resaltó que las industrias bolivianas dan fuentes laborales y aportan a Impuestos Nacionales.

Respaldo

La Cámara de Industria dio a conocer su respaldo a la propuesta del Gobierno de pasar la competencia de control de ropa usada a las alcaldías.

Piden aeropuerto de carga

El presidente de la Federación de Entidades Empresariales Privados de Cochabamba, Javier Bellott, le pidió al gobernador Iván Canelas activar el aeropuerto de Chimoré como uno internacional de carga. Bellott realizó ayer una visita protocolar y en la reunión se trató varios temas, entre ellos, el del aeropuerto.

El empresario resaltó la necesidad de contar con los medios necesarios para mejorar las exportaciones.

“Estamos en medio del país, que debería ser una ventaja, pero también es una limitación”.

Esto ocurre en empresas como las textileras y las industrias de joyas.

“Estamos alejados de las fronteras y de un centro internacional de cargas, como Santa Cruz. Deberíamos tener uno más cerca, como Chimoré”.

Citó como ejemplo la exportación de flores que se daba hasta 2007 desde Cochabamba hasta Estados Unidos, vía Ecuador, a través del Lloyd Aéreo Boliviano.

“Tenemos que encontrar, ahora, otras formas”.

Ropa usada genera pérdida de $us 40 millones al año



El presidente de la Cámara de Industria de Cochabamba, Antonio Fernández, denunció ayer que la venta de ropa usada en los mercados genera pérdidas económicas de hasta 40 millones de dólares al año para las empresas textiles.

“Vemos con buenos ojos la ley que el Gobierno pretende promulgar para prohibir la comercialización de la ropa usada a través de competencias y facultades de los municipios. Es momento que nos pongamos la mano al pecho y no apoyar al contrabando”, dijo Fernández en una conferencia de prensa.

En la misma línea, el dirigente de la Federación de Fabriles de Cochabamba, Mario Céspedes, dijo que el contrabando de ropa usada provoca desempleo y crisis en la industria nacional, por lo que pidió que se elimine este delito y se fomente el consumo de productos bolivianos. “Más producto nacional es más industria y esto significa más empleo digno”, aseveró.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), citados por Fernández, el contrabando de ropa usada genera pérdidas por 40 millones de dólares por año al sector textil formal; se calcula que 8 mil toneladas de este producto ilegal ingresan al país en ese mismo periodo.

Esto significó un decrecimiento del aporte del sector al PIB de 1,5 por ciento en 2006 a un 0,7 por ciento en 2016. Si en 2006 la industria textilera crecía a un ritmo de 3 por ciento anual, en 2014 bajó a 1,1 por ciento, lamentó Fernández.

Ayer, autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo recibieron a representantes de los vendedores de ropa y prendería usada para escuchar sus demandas e intentar frenar las movilizaciones que anunció el sector desde esta semana.

Antes de ingresar al encuentro, la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui, explicó que, si no se encuentra una solución a sus demandas, el sector comenzará movilizaciones.

lunes, 24 de abril de 2017

Ropavejeros: Hay más control y subió el costo de los fardos



Vendedores de ropa usada aseguran que los controles en la frontera con Chile aumentaron y que el precio de los fardos subió entre Bs 70 y Bs 100, luego de que el Ejecutivo remitiera al Legislativo un proyecto de ley para que las alcaldías restrinjan la oferta de esas prendas.

Este medio consultó ayer a una veintena de comerciantes intermediarios y al detalle de la feria 16 de Julio de El Alto, quienes expresaron su preocupación porque su fuente de ingresos está en riesgo. Están a la espera de la reunión que sostendrán sus dirigentes con el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Eugenio Rojas, hoy a las 10.00.

De no haber una respuesta favorable para que se paralice el tratamiento de ese proyecto de ley marcharán el miércoles. Según los dirigentes de ese sector, la anunciada medida puede afectar a más de 250.000 vendedores en todo el país.

Elizabeth es una de esas comerciantes. Se dedica a este negocio, que le permite sostener a su familia de cuatro miembros, hace ocho años.

La medida anunciada por el Gobierno ya trajo consecuencias para su economía, pues los farderos (importadores de artículos a medio uso) hicieron subir el precio de cada envoltorio en Bs 100. Ella compra un paquete de primera (ropa de marca) aproximadamente a $us 500.

Y le preocupa ese aumento porque puede acrecentarse en las próximas compras que haga. “Los farderos dicen que pese a que hay más controles van a hacer pasar, pero no sabemos cuánto más irá a aumentar el precio”, manifestó.

Martina Miranda, quien vende en ese mercado hace 10 años, también informó que los proveedores aumentaron el costo de cada envoltorio en $us 10 (unos Bs 70). Ayer tuvo que comprar con $us 120 un embalaje de chompas, cuando el precio habitual era de $us 110. Y se pregunta qué irá a ser de ella y su familia si se prohíbe la comercialización.

Víctor compra dos fardos por semana y provee de la mercadería a los comerciantes al detalle. Él explicó que el precio de los embalajes está entre $us 180 y $us 340. “Los farderos esta mañana (ayer) nos comentaron que para las próximas entregas puede haber más incremento porque ya no están dejando pasar en la frontera, hay mucho control”, comentó y también expresó su desasosiego por el futuro de su familia porque “es difícil encontrar trabajo”.

La importación de ropa usada está prohibida desde el 1 de abril de 2008, según el Decreto Supremo 28761, pero la mercancía sigue entrando de contrabando. En tanto que la venta fue impedida desde el 1 de abril de 2009, según el Decreto 29521, pero esa disposición tampoco se cumple. Entonces se dispuso que se lleve adelante un programa de reconversión, es decir, que cambien de actividad, pero ello no prosperó.

Yola Condori, comerciante de pantalones hace nueve años, indicó que la reconversión solo benefició a las personas que ya tenían empresas de confección de prendas, pero no a ellos, que son detallistas. Ella compra fardos con ropa europea a $us 260, un precio que todavía no aumentó.

Sofía también opinó que el cambio de actividad no fue posible por falta de inversión. “Vamos a seguir con esta actividad porque hemos creado nuestras fuentes de trabajo, nadie nos ha regalado”, declaró.

Entretanto, Elsa, que se dedica a esta actividad 20 años, expresó que no solo ella puede verse afectada, sino también unos cinco jóvenes a los que ella da empleo cada semana.

Y explicó que los importadores les dijeron ayer “que va a ser más complicado traer mercadería, pero veremos qué pasa”. Ella adquiere los paquetes a $us 200, la ropa de primera y $us 100 a $us 120, la de segunda.

Ema también exteriorizó su intranquilidad no solo por la prohibición de venta, sino porque los que internan la mercancía le comentaron que el precio subirá. “Están diciendo que ya no llegará, pero nosotros vivimos de esto y ahora qué es lo que haremos, estamos preocupados”, reclamó.

El comercio de ropa usada, para unos un mal para otros una ayuda

La comercialización de ropa a medio uso además de otro tipo de mercadería americana, fue abarcando grandes espacios de la ciudad, considerando que para unos es un factor negativo en desmedro de la producción nacional y el comercio formal, pero para otros es una actividad de gran ayuda para las familias de escasos recursos económicos.

En los mercados Kantuta y Roberto Young es donde principalmente se ve la dinámica del comercio de mercancías de varios tipos, respondiendo a un comercio "informal" por los asentamientos en las calles expandiéndose en un recorrido desmedido que escapa del control de las instancias operativas del Gobierno Municipal.

Lo que argumentan los representantes de este sector, es que este fenómeno se debe a la falta de nuevas oportunidades de empleo, pero que contrariamente son los propios comerciantes quienes afirman que varias familias ampliaron sus capitales por esta actividad, como comúnmente se los conoce como los "farderos".

"Somos más de 800 mil familias en todo el país, en Oruro fácilmente llegamos a los 20 mil", sostuvo Amadeo Tapia, asambleísta departamental.

En las recientes semanas se reflejó la cantidad de personas que integran este sector por las movilizaciones efectuadas en todo el país, en rechazo a un proyecto de ley de regulación de mercaderías a medio uso que al momento es de tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional para su aprobación.



CONFLICTOS

Ante el anuncio del inicio de movilizaciones, se desató la polémica, cuestionando el crecimiento en el número de nuevos afiliados a distintas asociaciones, además de conocer si realmente continúa la internación de ropa usada.

Según el asambleísta departamental y representante de este gremio, Amadeo Tapia, solo se estaría comercializando la mercadería que quedó posterior a la vigencia del decreto supremo 28761 de junio del año 2006, pero que paradójicamente la dirigencia continúa sumando afiliados y la venta de esta mercadería sigue vigente en el país.



FERIAS

En gestiones pasadas la posición del alcalde Édgar Bazán Ortega, era que "Oruro no puede convertirse en un mercado persa", pues este criterio para muchos quedó sin efecto por la realidad que hoy es evidente, donde la capital pasó de ser un referente de la producción nacional a un municipio enteramente comercial por las innumerables ferias, en la cuestionante de responder si este fenómeno es positivo o negativo en el tiempo.

Mientras tanto, se espera el pronunciamiento oficial de las autoridades del gobierno nacional que será determinante para definir las direcciones que podría tomar la actividad comercial en el país, sobre todo en lo que corresponde a este sector.

domingo, 23 de abril de 2017

Ropavejeros se reunirán con Gobierno


Los comerciantes de ropa usada pospusieron la marcha nacional fijada para el lunes en La Paz en contra del proyecto de ley que, si es aprobado, dispone que las alcaldías controlen la venta de prendas de medio uso, puesto que esperarán los resultados de la reunión a la que fueron convocados por el Gobierno para mañana. Así lo hizo conocer Julio César Alcalá, presidente del Comité Departamental de Defensa de Prenderías Usadas.

“El Ministerio de Desarrollo Productivo nos ha convocado para el lunes a las 10:00 a una reunión. Como sector vamos a esperar qué de positivo va a salir de esa reunión”, manifestó el dirigente.
Sin embargo, Alcalá indicó que mantendrán una vigilia en Santa Cruz para estar atentos, por si es necesario retomar las movilizaciones.

El viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Saturnino Ramos, ratificó ayer que el 1 de mayo el presidente Evo Morales promulgará los proyectos de ley de Micro y Pequeña Empresa y el Régimen de Control a la Comercialización en el Mercado Interno de Mercancías Usadas, informó ABI.
La autoridad estatal remarcó que la importación clandestina de producto usados proviene de Chile

Cerca de medio millón de personas se dedican al comercio de ropa usada

Cerca de medio millón de personas en el país se dedican al comercio de prendería usada, actividad que podría desparecer de acuerdo a Ley, porque existen reparos sanitarios respecto a la venta de estos artículos.

El 2014 entró en vigencia el Decreto Supremo 28761, que prohíbe la importación y venta de ropa usada en el país. La norma tiene la finalidad de proteger la industria textil boliviana y a la población, por sus posibles efectos negativos en la salud pública, debido a que esta mercadería no cuenta con inspecciones sanitarias y por tratarse de bienes de origen desconocido.

En la práctica ninguna disposición de seguridad se cumple ni se aplica, por el rechazo de los comercializadores de ropa a medio uso, algunos de ellos con gran poder económico y con la capacidad para movilizar a miles de pequeños comerciantes que consideran que se verán afectados por la norma. Entretanto que las organizaciones de pequeños y medianos productores reclaman su aplicación estricta.

Para mañana lunes está programada una reunión prevista para las 10.00 horas con el Ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas, y el Viceministro de Producción Industrial a Mediana y Gran Escala Néstor Huanca para evaluar la propuesta de ese sector.

De acuerdo con Juan Carlos Gutiérrez, dirigente del sector central “Virgen del Carmen” en la oportunidad el sector planteará sus observaciones al proyecto de Ley formulado por el Gobierno que prohíbe la venta de esa mercadería.

Mientras se cumpla la anunciada reunión, los comerciantes de base y dirigentes sectoriales de La Paz y El Alto anunciaron que se mantendrán en vigilia frente a las instalaciones gubernamentales en la avenida Mariscal Santa Cruz de la sede de gobierno, a fin de precautelar que ninguna de las disposiciones que emita el Gobierno afecte su derecho al trabajo y al sustento de sus familias.

Según la dirigencia del sector, lo adecuado es normar y ordenar esa actividad comercial, para cuyo efecto están dispuestos a pagar impuestos, crear una norma regulatoria específica para ese sector que incluya una previa clasificación de las mercancías.

A decir del dirigente, todo diálogo o medida del Gobierno debe buscar consensos y debe proponer la creación de fuentes de empleo de manera inmediata para que el sector no sea asfixiado.

PROBLEMA INTEGRAL

Por su parte, el presidente del Comité Departamental de Defensa de la Comercialización de Ropa a Medio uso de La Paz y El Alto, Tomás Quispe, afirmó que se trata de un problema mayúsculo del Gobierno, porque se trata de fuentes de empleo que no han generado. “Ese anteproyecto de Ley nos estaría relocalizando a por lo menos 200 mil familias que vivimos de esa actividad”, señaló.

Por otra parte calificó de insensato plantear que las alcaldías hagan cumplir una prohibición que no logró hacer cumplir el propio Gobierno y que tampoco ha generado las industrias ni fuentes de empleo que necesita el país.

NO ES COMPETENCIA

Po otra parte, la dirigente del “Sector Galerías” en el centro de la ciudad de La Paz, Ana María Ugarte, descartó que esta actividad comercial sea una competencia para la industria de la confección nacional, toda vez que el país no ha desarrollado esa capacidad y que la competencia en el mercado se da alrededor de la ropa china barata y de mala calidad.

Pese a los años que lleva el problema de la ropa usada, el conflicto se mantiene vigente, el Gobierno ha intentado desincentivar esta actividad ofreciendo créditos a los comerciantes para su reconversión, sin embargo han sido muy poco utilizados.

Las medidas propuestas hasta la fecha no han prosperado y se aún se buscan opciones alternativas para encarar el problema. Actualmente está en debate un proyecto de ley que otorga la competencia de control de este comercio a las Alcaldías, que serían los responsables de garantizar que la prohibición se cumpla.

DATOS

- Desde 2014 está vigente el Decreto Supremo 28761, que prohíbe la importación y venta de ropa usada en todo el territorio nacional.

- Los comerciantes de prendería usada piden al Gobierno que busque consensos y proceda a la creación de fuentes de empleo de manera inmediata

- 200 mil familias, aproximadamente, dependen de este comercio.

- El capital de trabajo puede ser desde $us 100.

- Los “farderos”, en Oruro operan con capitales mayores a $us 30.000.

- Este comercio creció, aproximadamente, en 50% en los últimos cinco años.

- El comercio de ropa usada genera empleos directos para planchadoras, lavanderas, transportistas, estibadores, vendedoras, limpiezas de ropa, sastres y servicios de seguridad.

sábado, 22 de abril de 2017

Marcha de vendedores de ropa usada colapsa calles paceñas

El mismo Gobierno rechaza la producción nacional, según dicho vendedores. Ellos –los gobernantes– exigen alfombras persas y no generan fuentes de empleo, cuestionaron las vendedoras de ropa usada.

Una multitudinaria marcha de vendedores de ropa usada colapsó ayer el centro de la ciudad, exigiendo al Gobierno consensuar una ley para ese sector y dejar sin efecto el proyecto de prohibición, considerando el grave impacto social que ocasionaría dejar sin fuente de ingresos económicos a más de medio millón de familias que se dedican a esta actividad.

Cientos de comercializadores de la Feria “16 de Julio” bloquearon el tráfico vehicular la mañana de ayer, hasta pasado el mediodía, exigiendo a las autoridades evaluar el problema de manera integral, o sea con todas las implicaciones laborales, económica y de ingresos familiares que implica.

La dirigente gremial del “Sector Galerías”, Ana María Ugarte, señaló que las explicaciones y argumentaciones del Gobierno son incoherentes con la realidad nacional, cuando afirman que perjudican el desarrollo de la industria de la confección nacional, porque no existe esta industria en el país.

“Las declaraciones del Gobierno son discriminatorias a este sector, es nuestra fuente de trabajo. La mayoría somos mujeres a cargo de nuestros hogares, los hombres que se dedican a este negocio han quedado sin empleo y esta es una posibilidad para sustentar a la familia”, expuso la dirigente.

Agregó que este es el único negocio que acoge a toda la población carente de un empleo formal, por lo que a la actividad se dedican jóvenes estudiantes, padres y madres de familia, personas de la tercera edad y hasta profesionales que no encuentran puestos de trabajo.

“Nuestras ventas son al detalle y no vendemos en grandes cantidades. Este es un negocio que podemos hacer con capitales muy pequeños desde Bs 100, poniendo algunas chompas en la calle. Nosotros no tenemos acceso a los créditos del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) como tienen los microempresarios, sin importar que la Reconversión Productiva ha fracasado y sólo se han beneficiado algunos dirigentes”, apuntó Ugarte.

En relación con la posible transferencia del control a los municipios, afirmó la imposibilidad de esa medida por los pocos recursos y las implicaciones sociales que tiene. “Nosotros tampoco permitiremos que nos impidan llevar el pan de cada día a nuestros hogares”, apuntó.

GENERAMOS EMPLEO

Roberto Huaynoca Paco, dirigente del sector Riel, señaló que esta organización genera cientos de fuentes de empleos directos e indirectos que el Gobierno no ha logrado hacer.

“No tenemos industria nacional, de qué producción nacional nos reclama el Gobierno. En mi caso, yo doy empleo al que carga mi mercadería (estibaje), al que la transporta al lugar de mi negocio, pagamos alquileres, a la planchadora, a las lavanderas o jóvenes que buscan ganarse un dinero para estudiar, a las limpiezas, porque hay ropa que no se puede lavar a mano, entre otros. Todas esta gente no tiene trabajo creado por el Gobierno”, recriminó.

En este mismo sentido, Huaynoca señaló que el Gobierno debe analizar este tema con mayor profundidad, porque no existe industria nacional que se estuviera perjudicando.

“Los insumos para la industria nacional son importados, ¿tenemos una buena fábrica de botones, cierres o telares que contrate a por lo menos mil de los que vendemos ropa usada? El mismo Gobierno rechaza la producción nacional, ellos exigen alfombras persas y no generan fuentes de empleo, ahora qué es lo que nos reclaman”, afirmó el dirigente.

viernes, 21 de abril de 2017

40.000 vendedores de ropa usada marcharán en La Paz

Más de 40 mil vendedores de ropa usada de El Alto y La Paz marcharán hoy desde el Multifuncional de La Ceja hasta Plaza Murillo exigiendo se paralice el proyecto de ley que busca endurecer los controles a este comercio.

Los vendedores de ropa usada en la feria más grande del departamento de La Paz, exigen a las autoridades de Gobierno que creen fuentes de empleo, en caso de que pretendan aprobar una norma que restrinja la comercialización de ropa usada.

“Eso de que estén pasando la responsabilidad al Municipio es una cobardía por parte del Gobierno central, porque este no fue capaz de solucionar el problema, por el contrario lo único que ha generado es que los clanes familiares involucrados en el contrabando y la internación de ropa usada incrementen sus costos y a nosotros, que antes vendíamos bien, tengamos menos venta porque los precios son muy altos”, explicó Cristina Choque, una de las comerciantes de prenda de segunda mano.

Para los comercializadores de prendería usada, la prohibición determinada por parte del Gobierno no solo favorece a quienes están involucrados con el contrabando, sino también a las familias que internan prendas supuestamente nuevas o falladas de China, Corea, Brasil, entre otros países.

Entretanto, Carlos Mamani, otro comerciante, asegura que la mayoría de los vendedores de ropa usada son resultado de la falta de políticas de producción, ampliación de nuevos mercados y ausencia de proteccionismo, aspecto que no solo se incumplió por el actual Gobierno, sino también desde las anteriores gestiones.

“Somos más de 40.000 vendedores en esta feria de la zona 16 de Julio que protestamos porque desde el anterior Decreto Supremo 28761 lo único que han generado es que los costos de las internaciones de ropa usada no solo lleguen elevados, sino que ahora, si uno tienen suerte, puede recuperar el capital invertido, dependiendo de la demanda y la posibilidad que tienen uno para vender las prendas a otros mercados. Pero en general todos los feriantes, estamos en este sector, porque necesitamos tener un ingreso mínimo, para seguir subsistiendo y poder mantener a nuestras familias, que en su mayoría tenemos entre tres a cinco hijos”, explicó.

RECORRIDO

En un recorrido realizado por EL DIARIO en las calles de la feria de la zona 16 de julio se evidenció, que muchos de los puestos ubicados en más de las dos urbanizaciones destinadas a la venta de prendas de segunda mano dejaron de contratar a personal de lavado y planchado, por lo que ahora ofrecen directamente la ropa salida del fardo.

En mucho de los casos, los comerciantes son anoticiados vía teléfono en que momento las casas donde existe acopio de fardo abren sus puertas para hacer la entrega y distribuir los fardos de acuerdo a los requerimientos.

Entretanto, los responsables de calle quienes se organizan con sus niveles de dirigencia de comerciantes de ropa usada, reiteraron la declaratoria de estado de emergencia con la finalidad de que hoy todos los afiliados logren asistir a la movilización de protesta a desarrollarse desde las 08.00 horas. La concentración se realizará en el Multifuncional de La Ceja y posterior descenso de la movilización hasta la sede de Gobierno.

Asimismo, la próxima semana, el sector, luego de realizar sus ventas acostumbradas en la Feria 16 de julio este domingo, nuevamente cumplirán la convocatoria con la finalidad de asistir a una segunda movilización y posible vigilia a desarrollarse el lunes.

miércoles, 19 de abril de 2017

Vendedores de ropa usada se movilizarán en todo el país en rechazo a un proyecto de ley



Los vendedores de ropa usada decidieron movilizarse este viernes en todo el país en rechazo al proyecto de ley de Asignación Competencial para la Comercialización de Mercancías Usadas que el Gobierno elaboró en consenso con la micro y pequeña empresa.

La decisión fue adoptada en un ampliado nacional de emergencia, en el que además se aprobó para el lunes 24 de abril una protesta en La Paz con representación de comercializadores de todo el país, que partirá desde la ciudad de El Alto.

“Se convoca a una gran marcha nacional en el departamento de La Paz el día lunes 24 de abril de 2017, a horas 08.00 a.m. Lugar de concentración: Polifuncional de la Ceja de El Alto”, se lee en el tercer punto de la resolución adoptada por los comercializadores de prendería a medio uso.



El 14 de abril, el vicepresidente Álvaro García informó que fue enviado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para pasar a las alcaldías el control y combate de la venta de ropa usada, ante la debilidad en el control fronterizo.

“Internamente ya nadie las vigilaba, nadie las controlaba, nadie las sancionaba, a partir de ahora las alcaldías tendrán esa misión”, manifestó en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, junto a representantes de los pequeños y microempresarios. (19/04/2017)

Ropavejeros confirman marcha para el lunes y piden a Morales paralizar proyecto de Ley

Los vendedores de ropa usada confirmaron que el próximo lunes protagonizarán una marcha de protesta en contra del proyecto de Ley que el Gobierno envió al Legislativo para que las alcaldías decomisen la prendería a medio uso y demandaron al presidente Evo Morales paralizar el tratamiento de esa iniciativa.
“El día lunes, desde la Ceja de El Alto (hasta el centro de La Paz), vamos a marchar todos los departamentos para rechazar ese proyecto de Ley que afecta nuestro trabajo”, dijo Elizabeth Verástegui, representante de los comercializadores de ropa a medio uso.

Agregó que alrededor de 250 mil familias dependen de la comercialización de la ropa usada y todas ellas podrían ser afectadas si es que la iniciativa gubernamental es aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Hemos sido sorprendidos con ese proyecto de Ley, no fuimos partícipes ni hemos trabajado en ese proyecto y por eso pedimos al presidente Evo Morales que paralice y que nos convoque a mesas de trabajo para consensuar con todos los sectores afectados”, remarcó.

El pasado 13 de abril, el vicepresidente Álvaro García Linera presentó el proyecto de “Ley de Asignación Competencial para la Comercialización de Mercancías Usadas”, que otorga a los Gobiernos Autónomos Municipales y Gobierno Autónomos Indígenas Originarios Campesinos la responsabilidad de “implementar los mecanismos de control para el comercio de las mercancías usadas en su jurisdicción”.

Asimismo determina que esas dos instancias tendrán la responsabilidad de “realizar el control y decomiso de mercancías usadas prohibidas de comercialización; y de controlar que la autorización otorgada para la realización de actividades económicas en su jurisdicción no sea utilizada para la comercialización de mercancías usadas prohibidas”.

En aquella oportunidad, García Linera manifestó que el objetivo es “controlar al interior de las ciudades y de los mercados la comercialización de mercancía usada que tanto daño hace a la industria nacional”.

Venta de ropa usada Productores califican de “norma muerta” al nuevo proyecto de ley

El productor del rubro textil y exdirigente de las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) Germán Tarqui calificó como una “norma muerta” el proyecto de ley que busca traspasar a los municipios el control a la venta de ropa usada, debido a que el Gobierno, a pesar de sus recursos, fracasó en la intervención a esta ilegal actividad comercial.

DEMANDAS

De acuerdo con Tarqui, desde el 2007 su sector demandó la creación de una política de Estado, que no solamente esté relacionada con la prohibición de internación de ropa usada desde las fronteras, tarea asignada a la Aduana Nacional, sino que se acompañe dicha acción con la posibilidad de crear e invertir en una Cámara de Productores Nacionales para agrupar a las Mypes, entidad que pueda brindar las condiciones necesarias para responder al mercado interno, así como a la exportación de sus productos.

ÚNICA DISPOSICIÓN

“Desde el 2007 sólo se aprobó el Decreto Supremo 28761, norma que si bien daba la tarea de concluir con el acopio de la mercadería de la ropa usada y el control por parte de los municipios, nada de eso se cumplió y lo único que ocasionó es que la actividad se vuelva lícita en favor de las arcas de los funcionarios de la Aduana”, señaló.

Si bien, en la actualidad, se anuncia un nuevo proyecto de ley que pueda dar mayor responsabilidad a los municipios en la tarea de controlar al comercio de prendas usadas, para Tarqui la norma “nacerá muerta”, debido a los pocos recursos con que cuentan los municipios y sin apoyo del Gobierno central, que permita la inversión en equipo destinado al control, decomiso y destrucción de prendería de segunda mano.

Por su parte, el dirigente de los productores medianos en El Alto, Néstor Conde, advirtió que esta norma permitirá también la reactivación de una problemática social, ya que no podrá ubicarse a más de 250 mil comercializadores de prendas usadas en el sector productivo, debido al fracaso de empresas textileras que estaban en manos del Gobierno, como el caso de Enatex.

GANANCIAS

Para la dirigencia de las Mypes, cada vez que el Gobierno presenta una nueva disposición que busca regular y controlar la venta de prendería usada, sólo permite generar mayores ganancias a los internadores de este producto y a los mismos comercializadores, porque les permite aumentar sus costos. Entretanto, los productores nacionales carecen de normativa alguna que los proteja y menos sus inversiones, para permitirles la exportación de la producción nacional a mercados externos.

Además, Conde pone en duda que la población destinada al comercio de la ropa usada pueda pasar al rubro de la producción, más aún cuando no existe ninguna inversión por parte del Estado que fomente la producción nacional o que, por lo menos, la proteja.

NORMA SIN EFECTOS

“Esta norma no tendrá efecto inmediato y nace en estado de coma. Esperemos que algún día, alguna instancia de gobierno, logre aplicarla plenamente, como ocurre en Chile, Argentina y Paraguay, países que demuestran mejor resultado en el control de sus fronteras”, concluyó el productor.

Cabe recordar que los comercializadores de prendería usada anunciaron que realizarán una marcha de protesta el lunes de la próxima semana, exigiendo se paralice el proyecto del Gobierno.

martes, 18 de abril de 2017

Cochabamba 3 mil vendedores de ropa usada en la ciudad pagan patentes

En la ciudad de Cochabamba hay al menos 3 mil vendedores de ropa usada, que “contribuyen” en el municipio con el pago de patentes anuales, de acuerdo a la información proporcionada por la dirigente de la Asociación de Comerciantes Minoristas de Ropa y Prendería a Medio Uso 1 de Enero, Yolanda Ibarra.

No todos registraron la actividad como comercio de ropa usada, algunos solo tienen en registros municipales “venta de ropa”.

Ella y otros de sus compañeros manifestaron que su sector se opone a los controles que el Gobierno central pretende dejar en manos de las alcaldías.

La semana pasada, el vicepresidente Álvaro García Linera manifestó que se envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley que modifica la Ley de Autonomías y le da a las alcaldías la potestad de controlar la actividad de venta de prendas usadas.

Aunque ya antes se hizo referencia a la reconversión del rubro aquello no ocurrió hasta la fecha. La importación de estas prendas está prohibida hace más de una década, desde 2006.

Los vendedores del sector reconocen que la mercadería continúa ingresando “por la negra” (por contrabando). Sin embargo, no dan más detalles al respecto.

Ibarra dijo que los 250 integrantes de su asociación, al ser minoristas, realizan la selección de ropa que llega a vendedores mayoristas. Agregó que las prendas ingresan por Iquique (Chile).

Entre los argumentos para el rechazo a los controles está la contribución económica que realizan a la municipalidad.

“Nosotros pagamos patentes desde hace como 30 años. Somos antiguos”.

Ella, quien tiene un puesto instalado en anaqueles en la calle Esteban Arce, manifestó que paga entre 65 y 70 bolivianos cada año por un sitio de “venta de ropa usada”. Otro de sus compañeros, que tiene una tienda, dijo que eroga en favor de la Alcaldía como 300 bolivianos y reconoció que su registro solo dice “venta de ropa”.

Ellos y otros vendedores informaron que en la actualidad no existen controles municipales. Un dirigente del Sindicato Colquiri también recordó que son parte de “los fundadores” desde hace décadas y que contribuyen con pagos a la Alcaldía. La dirigente Ibarra aseguró que solo en el municipio de Cochabamba unas 3 mil personas cancelan patentes y en todo el departamento son como 5 mil, incluyendo Quillacollo, Sacaba, Punata y Cliza. Dijo que para que dejen el negocio les tendrían que garantizar otros empleos.

Estas cifras no incluyen las actividades irregulares, en las aceras, durante las noches y los domingos. En todo el país se estima que hay 250 mil familias que se dedican a este negocio.

Las autoridades municipales se negaron a dar información sobre los comerciantes de este rubro.

En Recaudaciones, la Directora explicó que no se puede acceder a esa información, de acuerdo al artículo 67 del Código Tributario, que expresa: “Las declaraciones y datos individuales obtenidos por la Administración Tributaria, tendrán carácter reservado y solo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o procedimientos cuya gestión tenga encomendada y no podrán ser informados, cedidos o comunicados a terceros salvo mediante orden judicial fundamentada (...)”.

Sin embargo, el mismo artículo dice que “La información agregada o estadística general es pública”. Respecto a la propuesta de ley, en la Secretaría de Servicios al Ciudadano manifestaron que aún no existe nada oficial al respecto.

“Por la negra”

Los vendedores reconocen que la mercadería es de contrabando, o entra “por la negra”, pero aseguran que es su único empleo.

Dirigencia calcula más de 300 mil familias de ropavejeros y anuncia movilización



Las familias dedicadas a la venta de ropa usada llegaban a 250.000 y ahora superan las 300.000 debido a que se ha perdido el control en el sector por la falta de alternativas de trabajo y el fracaso del plan de reconversión del Gobierno. Los llamados ropavejeros alistan una marcha nacional en contra de control municipal.

La presidenta de la Comisión de Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui, informó que sus afiliados rechazan que el Gobierno traslade a las alcaldías el control en la venta de ropa usada y convocó a la administración de Evo Morales a instalar un diálogo para buscar alternativas de solución a su demanda.

“Es un medio de sobrevivencia, de sustento familiar. Se ha perdido el control para que esto siga creciendo”, afirmó en una entrevista con la red ATB, en la que destacó que la mercadería que comercializan es de calidad frente a la producción nacional que –dijo- “son para dos o tres puesta nada más”.

El vicepresidente Álvaro García informó el 14 de abril que fue enviada a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para pasar a las alcaldías el control y combate a la venta de ropa usada ante la debilidad en el control fronterizo.

“Internamente ya nadie las vigilaba, nadie las controlaba, nadie las sancionaba, a partir de ahora las alcaldías tendrán esa misión”, manifestó ese día García en una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno junto a representantes de los pequeños y microempresarios.

Verástegui anunció que para el lunes 24 están preparando una marcha nacional en rechazo a la propuesta de ley.

“Hemos tocado la puerta de varios ministerios y no hemos tenido respuesta”, denunció.

Ropavejeros bloquearán vías en rechazo a control

Los vendedores de ropa usada anuncian para el lunes una numerosa marcha hacia la plaza 24 de Septiembre, esto en rechazo a un proyecto de ley con el que las alcaldías podrán decomisar y destruir ropa usada que se comercializa en los mercados.

18 de Abril de 2017
Ropavejeros bloquearán vías en rechazo a control

Marchas en primer lugar y posteriormente bloqueo de carreteras. Esa es la estrategia que afinan los vendedores de ropa usada y que piensan activar desde la siguiente semana, esto en rechazo al proyecto de ley que faculta a las alcaldías el decomiso de ropa en mercados y ferias. “Este proyecto de ley no ha sido consensuado, el presidente Evo Morales dijo que iba gobernar escuchando al pueblo y nosotros qué somos, somos pueblo. Nosotros no tenemos la culpa que el Gobierno no tenga la capacidad de controlar las fronteras”, afirmó con evidente molestia el dirigente de vendedores de ropa usada, Rodolfo Condori. El proyecto al que hace mención Condori es el que la anterior semana presentó el vicepresidente Álvaro García Linera, mismo que fue consensuado con los microempresarios afiliados a la Conamype. Con el proyecto de ley denominado “Asignación Competencial para la Comercialización de Mercancías Usadas”, las alcaldías también adquieren la facultad para destruir la mercadería decomisada. Para que el proyecto de ley se active, depende de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), mientras tanto los confeccionistas nacionales anunciaron que harán vigilia para que no modifiquen el proyecto, mientras que del otro bando los ropavejeros apuestan por el escenario de la calle para impedir que sea aprobado. A decir del dirigente Condori, son 20.000 las que quedarán sin trabajo si se aprueba el proyecto de ley. Esas 20.000 personas junto a sus familias marcharán rumbo a la plaza 24 de Septiembre el lunes. Si ese día no hay ninguna respuesta de parte del Gobierno, que puede ser una invitación al diálogo, dos días después estarían saliendo a bloquear las carreteras. “Tenemos un decreto que es prohibido comercializar la ropa usada, pero había un programa de reconversión productiva, que era que paulatinamente mientras dejaban de vender ropa usada podían vender abarrotes, verduras, ese programa ha fracasado, había un presupuesto de Bs 80.000, no se sabe a dónde fue ese dinero”, afirmó Condori. El dirigente advirtió que se puede llegar a los enfrentamientos en el momento que las alcaldías intenten controlar la comercialización de ropa usada. Con el proyecto de ley en cuestión, el Gobierno pretende proteger a la industria nacional, sin embargo, los ropavejeros señalan que la ropa nueva china es la que está matando a la industria nacional, no la ropa usada.

Productores culpan al Gobierno por comercio de ropa usada

Productores de la mediana y pequeña industria responsabilizan al Gobierno por permitir la internación y comercialización de prendería usada sin restricciones, según expresó Néstor Conde, representante del sector.

Asimismo, el dirigente manifestó que los productores dudan que los municipios puedan controlar la comercialización de estos productos.

“Nosotros dependemos de la producción nacional y respondemos a la necesidad de nuestro sector, pero ahora que mediante norma, pretendan que el sector del comercio de la prendería usada pase a ser productores, no creemos que sea posible; además afectaría a nuestro sector, porque con una mayor producción se reduce los costos pero no se asegura ninguna ganancia. (…) Los 250 comercializadores de prendería usada, por ejemplo en la ciudad de El Alto, lo único que van a ocasionar, es que exista mayor desempleo, pero además no se tiene ninguna garantía de que exista este tránsito de comercializadores o productores, porque ya hubo un intento, el cual fue fallido para el mismo gobierno que destinó diferentes recursos para ese sector”, detalló Conde.

MERCADOS

Para el representante de las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes), la mejor solución para potenciar el sector de los productores y reducir la cantidad de comercializadores de ropa usada es la apertura de nuevos mercados externos, donde se logre acomodar y permitir la exportación de producción calificada.

Conde recordó que su sector pidió al Gobierno ampliar las posibilidades de apertura nuevos mercados de exportación, pero, a la fecha, ninguno de los proyectos prometidos hace más de cinco años fue rentable.

Los productores del sector de las Mypes sobrepasan los 600 mil en un registro a nivel nacional, quienes se debaten en la agonía haciendo frente a una competencia desleal de la internacional de prendería china, coreana, peruana y prendería usada.

COMERCIANTES

Entretanto, los comerciantes de prendería usada anunciaron que realizarán una movilización el próximo lunes, teniendo como destino final la Asamblea Legislativa Plurinacional. Se exigirá se detenga la aprobación de la anunciada ley destinada a la tarea de control y restricción de la comercialización de ropa usada a las instancias municipales.

La movilización anunciada tendrá la participación de diferentes delegaciones a nivel nacional, con la finalidad de poder defender su actividad económica, la misma que aglutinaría a casi 1.000 comerciantes en este rubro, explicó Victorio Mamani, representante del sector.

“Hemos resuelto oponernos, no vamos a aceptar el proyecto de Ley mientras no se conozca ningún resultado ejecutado por parte del Gobierno en contra del contrabando de la prendería usada, porque nuestro sector no es internador de estas prendas, solamente nos dedicamos a vender, el stock que llega y se distribuye desde Oruro”, explicó.

El representante del sector afirmó que mientras no exista una disposición para definir el rubro al que se destinarán los más de 1.000 comercializadores de esta prendería, “nosotros vamos a seguir vendiendo la ropa usada a nivel nacional”, concluyó el dirigente.

CONCEJO MUNICIPAL

Por su parte, el concejal Oscar Huanca, dio a conocer que el anunciado proyecto de ley que faculta a municipios a evitar la comercialización de ropa usada, es una respuesta ante el fracaso del DS 28761 del 2007, donde, de manera “indefectible”, se tenía que evitar la internación de prendería usada, política que fracasó.

A ello se suma la política de reconversión productiva donde se destinó diferentes recursos de Estado, programa del cual no se tiene ningún resultado.

El anuncio de la norma que destina mayores responsabilidades a los municipios en el control de ropa usada, según declaraciones de Huanca, será una ley que como entidad pública debe aplicar el Municipio, pero sin poder obtener ningún apoyo logístico o económico por parte del Gobierno “que permita por lo menos destinar los recursos a la capacitación de los productores manufactureros”.

“Consideramos que el Gobierno nos quiere cargar una responsabilidad producto de su propio fracaso, aspecto que generará una mayor responsabilidad social, en lo interno, mientras que no se le exige el mismo resultado a la Aduana Nacional, por lo que poco o nada podrá lograrse, ante el fracaso de otra instancia que desprotege las fronteras”, concluyó la autoridad municipal.

ANTECEDENTES

Cabe recordar que en pasados días el vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, anunció que el Ejecutivo remitió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley de “Régimen de Control y Comercialización al Mercado Interno de Mercancías Usadas”, el cual pasa la tuición a las alcaldías para restringir este comercio.

lunes, 17 de abril de 2017

Ropavejeros piden tributar porque temen decomisos

Ante la intención del Ejecutivo de transferir a las alcaldías el control y sanción de prendería usada, los ropavejeros reiteraron su interés de tributar por sus productos y así evitar que su rubro desaparezca, caso contrario la dirigencia del sector amenazó con protestas a nivel nacional.

“Siempre hemos querido regularizarnos, pero nunca nos han escuchado y ahora el Gobierno habla de un proyecto de ley para que las alcaldías hagan los controles y no sabemos qué tipo de controles. Por eso queremos un diálogo para ser parte de la reglamentación y estamos dispuestos a tributar para que no nos traten como a delincuentes ni decomisen nuestras prendas”, indicó la dirigente del sector Elizabeth Verástegui.

El vicepresidente del Estado Álvaro García entregó el pasado jueves, dos proyectos de ley a la Asamblea Legislativa Plurinacional, uno de los proyectos asigna a los municipios la responsabilidad de controlar, sancionar y decomisar la ropa usada.

TEMEN DECOMISOS

Según Verástegui, al momento existen más de 250 mil familias a nivel nacional que se dedican a vender ropa usada y están con el temor de quedarse sin fuentes de empleo, ya que existe la posibilidad de que los municipios, en caso de hacerse cargo del control, les quiten sus productos.

Indicó que el martes se realizará un ampliado de emergencia en el departamento de Oruro para debatir la intención del Gobierno, en esta reunión se definirán si se asumen medidas de presión.

DESACUERDOS

Tras este anuncio del Gobierno, los municipios de El Alto en La Paz y Quillacollo, y Cercado en Cochabamba, manifestaron su desacuerdo con esta nueva disposición, consideran que el Estado pretende deslindar responsabilidades asignando esta labor a los municipios.

En este caso, la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Soledad Chapetón, recordó a las autoridades nacionales, que los municipios cuentan con una ley que establece cuáles son sus competencias y responsabilidades. “Un Decreto Supremo no puede estar por encima de la Ley de Municipalidades, que es el marco legal de nuestras competencias”, advirtió la autoridad.

AMDECO

Entretanto, el presidente de la Asociación de Municipios de Cochabamba (Amdeco), Héctor Arce, indicó que los territorios autónomos de Cochabamba cuentan con la logística y el personal para desarrollar esa tarea y que solo será necesario reconfigurar algunas unidades municipales.

Consideró que esa nueva función deberá ser atribuida a las intendencias municipales. Aunque, en los territorios grandes, quizá sea necesario crear una nueva unidad para que se haga cargo de esa tarea. Indicó que no se necesitarán muchos recursos económicos para dar cumplimiento a esa actividad.

viernes, 14 de abril de 2017

Comerciantes de ropa usada rechazaron proyecto de ley que regule esta actividad


La representación del sector comerciante de prendería y ropa a medio uso, rechazó el proyecto de ley anunciado por el vicepresidente Álvaro García Linera, que otorga competencia a las municipalidades para ejercer controles en la internación y comercialización de esta mercadería, en el propósito de fortalecer a la producción nacional.

Si bien a la fecha está vigente una normativa que prohíbe la internación de este tipo de mercancías, el sector comerciante expresó su disconformidad ante las autoridades de Gobierno, que es considerado atentatorio a sus "fuentes de trabajo".

En ese sentido, se dijo que esto merecerá un análisis a convocatoria de la dirigencia nacional, sin descartar el inicio de movilizaciones en todos los departamentos.

"Para ellos es fácil sacar un decreto o nuevas disposiciones, a nosotros nos quieren prohibir pero nadie dice nada de las mercaderías chinas, nos están invadiendo los productos chinos y ni siquiera son de calidad. Hemos tenido un ampliado nacional la semana pasada y ahí hemos decidido que nos vamos a poner fuertes ante cualquier disposición", afirmó el asambleísta departamental y representante de este sector en Oruro, Amadeo Tapia.

Según la autoridad, son más de 800 mil comerciantes en todo el país que en los últimos años incursionaron en esta actividad a consecuencia de la falta de empleo, en ese entendido, se cree que de aplicar rígidamente este proyecto de ley, los índices de desempleo incrementarían de forma negativa.

Por tanto, se exhortó al Gobierno Nacional analizar esta posibilidad convocando a una mesa de diálogo, ya que de lo contrario podrían suscitarse conflictos futuros movilizando a miles de familias hacia la sede de gobierno.

"Nosotros vestimos a la gente pobre y esto no lo vamos a dejar así, nosotros nos amparamos en la Constitución Política del Estado, y resulta contradictorio que con un proyecto de ley se quiera vulnerar la ley dejándonos a nosotros sin fuentes de empleo", añadió.

Al momento no existe un criterio oficial por parte del ejecutivo municipal, Edgar Bazán Ortega, que según la responsable de la unidad de Defensa al Consumidor, será un tema de tratamiento en los próximos días.
La representación del sector comerciante de prendería y ropa a medio uso, rechazó el proyecto de ley anunciado por el vicepresidente Álvaro García Linera, que otorga competencia a las municipalidades para ejercer controles en la internación y comercialización de esta mercadería, en el propósito de fortalecer a la producción nacional.

Si bien a la fecha está vigente una normativa que prohíbe la internación de este tipo de mercancías, el sector comerciante expresó su disconformidad ante las autoridades de Gobierno, que es considerado atentatorio a sus "fuentes de trabajo".

En ese sentido, se dijo que esto merecerá un análisis a convocatoria de la dirigencia nacional, sin descartar el inicio de movilizaciones en todos los departamentos.

"Para ellos es fácil sacar un decreto o nuevas disposiciones, a nosotros nos quieren prohibir pero nadie dice nada de las mercaderías chinas, nos están invadiendo los productos chinos y ni siquiera son de calidad. Hemos tenido un ampliado nacional la semana pasada y ahí hemos decidido que nos vamos a poner fuertes ante cualquier disposición", afirmó el asambleísta departamental y representante de este sector en Oruro, Amadeo Tapia.

Según la autoridad, son más de 800 mil comerciantes en todo el país que en los últimos años incursionaron en esta actividad a consecuencia de la falta de empleo, en ese entendido, se cree que de aplicar rígidamente este proyecto de ley, los índices de desempleo incrementarían de forma negativa.

Por tanto, se exhortó al Gobierno Nacional analizar esta posibilidad convocando a una mesa de diálogo, ya que de lo contrario podrían suscitarse conflictos futuros movilizando a miles de familias hacia la sede de gobierno.

"Nosotros vestimos a la gente pobre y esto no lo vamos a dejar así, nosotros nos amparamos en la Constitución Política del Estado, y resulta contradictorio que con un proyecto de ley se quiera vulnerar la ley dejándonos a nosotros sin fuentes de empleo", añadió.

Al momento no existe un criterio oficial por parte del ejecutivo municipal, Edgar Bazán Ortega, que según la responsable de la unidad de Defensa al Consumidor, será un tema de tratamiento en los próximos días.

jueves, 13 de abril de 2017

Alcaldías de todo país combatirán venta de ropa usada

El Vicepresidente del Estado, Álvaro García Linera, informó que el ejecutivo enviará a la Asamblea Legislativa, un proyecto de ley donde señala que la lucha para acabar con la venta de ropa usada pasa a ser competencia de los gobiernos municipales.

"Internamente ya nadie las vigilaba, nadie las controlaba, nadie las sancionaba, a partir de ahora las alcaldías tendrán esa misión", manifestó García.

Según la autoridad, este proyecto modifica la ley de autonomías y asigna esta competencia a los 339 municipios del país.

La Propuesta establece la "obligatoriedad" para que las alcaldías implementen mecanismos de control en la comercialización de mercancías usadas. La ley permitirá controlar, impedir y sancionar la venta de ropa usada.

El Vicepresidente señaló que los gobiernos municipales tienen la capacidad suficiente para realizar esta labor.

El proyecto de ley fue trabajado por el ejecutivo a la cabeza del Ministerio de Producción y la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE).