martes, 9 de mayo de 2017

Experto asegura que el ingreso se ha triplicado

El economista Pablo Cuba que ha realizado varias investigaciones sobre la ropa usada en nuestro departamento y el país, asegura que la importación de esta mercancía en comparación a una década atrás, antes de la aprobación de los dos decretos que prohíben su venta e internación, se ha triplicado.

“En ese entonces habían unas 11 mil toneladas y los comerciantes pedían que los dejen vender hasta acabar el stock. Sin embargo, hasta la fecha, mayo 2017, se ha triplicado ese monto”.

Los vendedores de ropa usada en Cochabamba justifican esta comercialización porque la reconversión que programó el Gobierno a través de las disposiciones legales no funcionó y por el contrario motivó a que otras personas que no se dedicaba a ese negocio terminen vendiendo ropa usada por las importantes ganancias que obtienen, indica el economista.

Clemente Villca, dirigente de los ropavejeros de la zona de San Carlos, coincide con el experto y señala que su sector se siente engañado por las propuestas del Gobierno que nunca se cumplieron.

“A nosotros nos prometieron algo que nunca cumplieron y tampoco hay trabajo para que nos reubiquen”.

Cuba sostiene que cerca de 20.000 comerciantes en las principales ciudades de Bolivia se dedican a tiempo completo a la actividad de compra y venta de prendas usadas. Un 3 por ciento de esta población son comerciantes al por mayor, usualmente importadores directos que venden su mercadería en la modalidad conocida por "fardos". El 10 por ciento son comerciantes minoristas que posee una tienda donde ofrecen sus prendas, mientras cerca de el 67 por ciento son comerciantes. En el caso de Cochabamba esos minoristas poseen un puesto de venta en distintos puntos de la ciudad. No solo en la zona tradicional de la Cancha, sino en distintas ferias que se organizan en la ciudad y también en las principales provincias del departamento.

“El tema del manejo de la ropa, no cumple en lo más mínimo con las condiciones de higiene o limpieza. La Alcaldía y sus reparticiones no hacen absolutamente nada al respecto”, indica Cuba.

Según estudios realizados en Bolivia, durante el 2015 por la profesora Kate MacLean, investigadora del King’s College, de Londres, y la Universidad de Birbeck, el negocio mueve 40 millones de dólares anuales. Además se determinó que del volumen total importado, cerca de 7.000 mil toneladas anuales, más del 90 por ciento de la mercancía era internado vía contrabando.

De acuerdo al estudio en Estados Unidos, la gente dona las prendas de vestir pensando que ayudará a alguien, pero en realidad esta mercancía termina siendo exportada y vendida en el exterior.

Según cifras de Naciones Unidas, el principal exportador de ropa usada del mundo es Estados Unidos, seguido de Reino Unido, Alemania, Corea del Sur y Holanda.

La pérdida acumulada para la economía en Bolivia, entre el 2000 y 2005 a consecuencia de esto superó los 500 millones de dólares, que equivalían entonces el 6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Actualmente ese impacto se ha duplicado, dice Cuba.

Por otra parte, la economía boliviana perdió más de 140 mil puestos de trabajo en los últimos 5 años, de los cuales un 60 por ciento correspondieron al sector textil y confecciones.

De acuerdo al Decreto Supremo 28614 de 31 de enero de 2006, se otorgaba un plazo de 6 meses a la importación de las mercancías clasificadas como prendería usada y facultaba a los Ministerios de Hacienda, Planificación del Desarrollo, Producción y Microempresa, y Salud y Deportes, analizar la solución integral al tema de la prendería usada, recuerda Cuba.

Se señalaba que en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, es obligación del Gobierno el fortalecimiento de la producción nacional y la protección del mercado interno, por lo que se consideraba prohibir la importación de ropa usada y combatir el contrabando.

Hace aproximadamente un mes, el vicepresidente Álvaro García Linera informó que se envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional el proyecto de ley que modifica la Ley de Autonomías y le da a las alcaldías tuición para controlar la comercialización de prendas usadas.

Villca indicó que mientras no haya una alternativa real a su actividad no permitirán que la comercialización de las prendas sea paralizada y menos que la mercadería sea decomisada por autoridades municipales.

Efectos

Durante los últimos cinco años, la economía boliviana perdió más de 140 mil puestos de trabajo, de los cuales un 60 por ciento pertenece al sector textil.

Pablo Cuba

Economista



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