El programa de reconversión productiva previsto para cambiar el negocio de ropa usada a unidades productivas no arrojó resultados porque los gremialistas continúan vendiendo este producto, cuya importación y venta está prohibida por un decreto. Además, hay desinterés por utilizar los 80 millones de bolivianos ofrecidos por el Gobierno, de los cuales se prestaron 14 millones, y lo más preocupante es que de este crédito el 80 por ciento está en mora.
Estas falencias fueron expresadas por la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, quien demandó a los denominados ropavejeros establecer un verdadero compromiso de reconversión para cambiar de actividad y fortalecer a la industria boliviana.
Morales insistió en que se debe dignificar el país. “Dejemos de usar ropa usada. La producción boliviana es buena, más aún cuando la ropa usada introduce enfermedades al país”, señaló.
Los ropavejeros ponen en evidencia la incapacidad estatal para hacer cumplir las leyes y decretos, más allá de ser una muestra del grado de poder que tiene el sector ilegal en el país.
El dirigente de los comercializadores de ropa usada de la ciudad de El Alto, Tomás Quispe, propuso al Gobierno pagar impuestos por la venta de ropa usada para ingresar al mercado formal, pese a que esta actividad está prohibida desde 2007.
“Si el Gobierno nos permite la importación de ropa usada, vamos a pagar impuestos, así también vamos a dar factura en algunas tiendas pero no en las ferias ni en las calles porque vendemos al detalle”, señaló Quispe.
Los comerciantes denunciaron que la norma de 2007 solo ha servido para que efectivos policiales extorsionen a comerciantes y gremialistas, amparados en la prohibición a la venta de ropa usada, es decir que “la Policía y el Estado no solo son débiles frente a esta actividad ilegal, sino que de alguna forma son parte de esta actividad”, agregó Quispe.
Los dirigentes tanto de El Alto como de Santa Cruz recuerdan que el Gobierno no ha cumplido con su parte en el caso de la prohibición de la ropa usada, menos ha facilitado ni ha promovido la tan publicitada reconversión productiva.
Quispe dijo que el Gobierno no logró cumplir con su compromiso de convertir a los ropavejeros en pequeños productores de prendas de vestir, ni mucho menos garantizó un mercado para sus productos como también señala el decreto que prohíbe la venta.
Este decreto en su artículo tres prohíbe la importación de prendas usadas a partir del 21 de abril de 2007 de manera indefectible, y la comercialización a partir del 1 de marzo de 2008.
El artículo 5 de la norma señala que beneficiará al sector con la renovación productiva mediante créditos, tecnología y acceso a mercados de exportación.
PREOCUPA MORA La ministra Morales precisó que, de 80 millones de bolivianos destinados a reconversión productiva, solo se usaron 14 millones, no se inscribió mucha gente al programa, apenas sectores de la dirigencia, lo que dejó una mora de 80 por ciento.
“De los 80 millones de bolivianos, solo se usaron 14 millones. No se inscribió más gente, aunque teníamos ventanilla abierta como Gobierno. Nos han dejado con la plata en la mesa, los dirigentes sí se inscribieron, pero los dirigentes no pagaron, tenemos 80 por ciento de mora de esos 14 millones que no pagaron y no quieren pagar”, reveló.
Según la ministra Morales, la comercialización de la prendería americana a medio uso es un negocio que se ha promovido “desde la época del neoliberalismo”.
“La ropa usada ingresó a Bolivia hace 15 años más o menos, incluso más, con la llegada del Decreto Supremo 21060. El neoliberalismo permitió esta salida para la gente más pobre que fue a comprar ropa usada, lo que no es digno ni es sano”, observó.
Recordó que en 2007 se prohibió la actividad, pero al mismo tiempo se generó un fideicomiso de 80 millones de bolivianos para reconversión productiva, a una tasa de interés del 6 por ciento, “nunca antes vista en Bolivia”.
Para reconvertirse en comerciantes de ropa nacional o de productos nacionales, el interés es de 8 por ciento. “En el país nunca hubo una cosa igual, fue una gran oportunidad para que los comerciantes de este sector puedan abrirse a nuevos emprendimientos, pero no les interesó o no tuvieron mucha información de sus dirigentes que ahora quieren legalizar el negocio nuevamente, lo que no va a suceder”, afirmó.
Apuntes.
Decreto
En enero de 2004, el Gobierno de turno emitió el Decreto Supremo 27340, que permitía la importación de ropa usada por dos años.
Nueva norma
Otro decreto supremo emitido en abril de 2007 prohíbe la importación y venta de ropa usada en Bolivia, sin embargo esa actividad aún persiste.
Talleres
Alrededor de 22.000 talleres se cerraron en cinco años, debido a la internación ilegal de ropa usada en Bolivia. La mayor parte de la ropa usada que se vende en Bolivia proviene de Estados Unidos y Europa.
Incautación
Desde 2010, se incautó 62.276 fardos de prendería usada. La región donde hubo más decomisos fue Oruro. De acuerdo con un reporte de la Aduana Nacional, durante los primeros cuatro meses de este año, en Oruro se decomisaron 1.242 fardos, en La Paz 656, en Santa Cruz 339 y el resto en otras ciudades.
Valoran producción nacional
La titular del Ministerio de Desarrollo Productivo destacó la “altísima” calidad de las prendas nacionales, “que pueden ser tranquilamente comercializadas por el amplio sector” que se dedica a vender ropa usada.
Puso como ejemplo las prendas de algodón, y dijo que “no hay nada que envidiar”. Citó como ejemplo a la tela de Enatex que es utilizada “por toda la microempresa y se exportaba hace poco tiempo en marca Polo y costaba 100 dólares en cualquier mercado”. “Es la misma que ahorita estamos vendiendo en 50, 70 bolivianos, incluso la básica en 20” acotó. Anticipó que se planteará al sector en conflicto una alternativa de vender prendas de Enatex, una vez que haya una sola dirección nacional de los comerciantes. “Una vez que tengamos una dirigencia de los ropavejeros -porque además hay dos o tres dirigencias, una que convoca a la marcha, otra que la desconvoca y no hay manera de dialogar con un solo directorio-, en el momento que ellos se pongan de acuerdo, nuestra idea se presentará”, aseveró.
Ministra dice que prendas usadas introducen enfermedades venéreas al territorio boliviano
Las prendas usadas que se internan de diferentes países a Bolivia, principalmente las estadounidenses, traen consigo muchas enfermedades como las venéreas, según la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales.
“El neoliberalismo permitió que la gente más pobre compre ropa usada, lo que no es digno ni es sano. No se fumiga lo suficiente esa ropa. Esa ropa viene cargada de enfermedades, incluso enfermedades venéreas”, aseveró.
Por su parte, Marco Antonio Gonzáles, dirigente de la Confederación de Micro y Pequeños Empresarios, compartió lo dicho por la ministra Morales, al señalar que la ropa usada que es comercializada en el país trae consigo enfermedades infecto-contagiosas como la gripe porcina o enfermedades de la piel, debido a que esa mercadería no tiene control fitosanitario, ni es cuidadosamente almacenada o desinfectada.
A pesar de las ventajas económicas que puede representar la compra de prendas usadas, muy pocos consumidores saben que también arriesgan su salud, ya que si estos productos no reciben el tratamiento pueden desencadenar desde alergias hasta epidemias.
Las autoridades de salud señalaron que se recomienda la fumigación de la ropa usada para evitar parásitos que pueden transmitir alguna enfermedad al ser humano.
En las prendas usadas se pueden encontrar desde ácaros transmisores de la sarna hasta pulgas o chinches, enfermedades venéreas, pero eso poco o nada interesa a los grandes contrabandistas que siguen trayendo ese producto al país.
A ello se suma que las autoridades sanitarias del ámbito nacional o municipal poco o nada hacen para ejercer algún control sobre el tipo de ropa que se vende al público y sobre las enfermedades que en el corto o mediano plazo pueden traer consigo epidemias. Hasta la fecha, no existe ningún informe de la forma en cómo almacenan los fardos de ropa usada, ya que muchos almacenes están llenos de ratones que pueden trasmitir el hantavirus, pulgas o piojos por falta de fumigación.
Empresarios legales de ropa se declaran en emergencia
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype) demandaron al Gobierno la detención de las personas que se dedican al expendio de prendería usada, debido a que cometen el delito de contrabando.
El presidente de la CEPB, Daniel Sánchez, pidió al Ministerio Público que enjuicie a los importadores y comercializadores de ropa usada por ejercer una actividad ilegal que daña a la industria nacional.
"La prendería usada es ilegal y su venta tiene que ser sancionada por las autoridades. Los que se dedican a esta actividad deben ser arrestados y enjuiciados por la Fiscalía, como se hizo con los dueños de autos indocumentados”, dijo.
A su vez, el presidente de la Conamype, Víctor Ramírez, afirmó que su sector está en estado de emergencia y calificó de “política” la movilización de los ropavejeros, “que solo buscan chantajear al Gobierno”.
"Conamype ratifica que debe cumplirse el Decreto 28761. Estamos en estado de emergencia. No podemos permitir que se siga lacerando la industria nacional. Miles de compañeros migraron a otros países por culpa del contrabando. No queremos más basura de Estados Unidos”, enfatizó.
Asimismo, aseguró que, por la competencia desleal de la venta de ropa usada, a nivel nacional los textileros pierden anualmente 170 millones de dólares.
“Las pérdidas económicas son cuantiosas, y el empleo que dejó de percibirse hasta 2006 llegó a 100.000 fuentes laborales, pero actualmente esta cifra se duplicó. Estamos sosteniendo reuniones con la Aduana Nacional de Bolivia y con el Ministerio de Desarrollo Productivo, para que se dé cumplimiento a la normativa que prohíbe la internación de ropa usada al país”, explicó Ramírez. Añadió que diariamente los fardos de ropa usada son internados al país ilegalmente desde Iquique (Chile).
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