El Gobierno trabaja con la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y los representantes de los microempresarios en la elaboración de una estrategia para realizar el decomiso de la prendería usada que se comercializa en las ciudades del país, informó este lunes la ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Ana Teresa Morales.
"Efectivamente estamos trabajando con ellos (microempresarios) en una estrategia junto con la Aduana para que en las ciudades se pueda decomisar la ropa usada, (porque) es un mal que le hace mucho daño a la economía de las confecciones y de los textiles bolivianos. Lamentablemente nuestro trabajo no ha sido tan efectivo en los años pasados, pero en este año será un tema de prioridad", afirmó la autoridad, al programa Levántate Bolivia.
La semana anterior, el presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Víctor Ramírez, señaló que entre el 2011 y el 2013 la importación ilegal de ropa a medio uso se incrementó de $us 80 millones a más de $us 160 millones y denunció que no existe un control en las fronteras por parte de la ANB.
La ministra de Desarrollo Productivo reconoció que no se pudo lograr la "disminución y la eliminación de la ropa usada como motivo de comercio" de los centros urbanos y expresó el compromiso de su despacho para trabajar con la Aduana con el objetivo de que en esta gestión se reduzca a cero la importación legal e ilegal de la ropa a medio uso.
"No se debería permitir el ingreso de esta mercadería, sin embargo el contrabando es un mal que tenemos en nuestra economía" a la cual se la ha combatido, "pero no con la suficiente eficiencia y eficacia que hubiéramos querido", enfatizó.
Víctor Ramírez demandó del Ejecutivo la aprobación del reglamento del decreto 28761 para que los municipios y las entidades públicas controlen la venta de ropa usada en las áreas urbanas. El decreto estableció la prohibición de la importación de prendería a medio uso hasta el 21 de abril de 2007, además de la comercialización hasta el 1 de marzo de 2008. El plazo se amplió hasta el 1 de abril de 2009, a través del decreto 29521.
Al respecto, Teresa Morales aclaró que ya se cuenta con el reglamento y lo que falta son los mecanismos para poner en práctica el control. También precisó que la norma no da ninguna atribución a los gobiernos municipales para que realicen el control, aunque no descartó que este sector participe "en esta captura de prendas de vestir usadas".
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