Comerciantes de ropa usada rechazaron proyecto de ley que regule esta actividad

La representación del sector comerciante de prendería y ropa a medio uso, rechazó el proyecto de ley anunciado por el vicepresidente Álvaro García Linera, que otorga competencia a las municipalidades para ejercer controles en la internación y comercialización de esta mercadería, en el propósito de fortalecer a la producción nacional.

Si bien a la fecha está vigente una normativa que prohíbe la internación de este tipo de mercancías, el sector comerciante expresó su disconformidad ante las autoridades de Gobierno, que es considerado atentatorio a sus "fuentes de trabajo".

En ese sentido, se dijo que esto merecerá un análisis a convocatoria de la dirigencia nacional, sin descartar el inicio de movilizaciones en todos los departamentos.

"Para ellos es fácil sacar un decreto o nuevas disposiciones, a nosotros nos quieren prohibir pero nadie dice nada de las mercaderías chinas, nos están invadiendo los productos chinos y ni siquiera son de calidad. Hemos tenido un ampliado nacional la semana pasada y ahí hemos decidido que nos vamos a poner fuertes ante cualquier disposición", afirmó el asambleísta departamental y representante de este sector en Oruro, Amadeo Tapia.

Según la autoridad, son más de 800 mil comerciantes en todo el país que en los últimos años incursionaron en esta actividad a consecuencia de la falta de empleo, en ese entendido, se cree que de aplicar rígidamente este proyecto de ley, los índices de desempleo incrementarían de forma negativa.

Por tanto, se exhortó al Gobierno Nacional analizar esta posibilidad convocando a una mesa de diálogo, ya que de lo contrario podrían suscitarse conflictos futuros movilizando a miles de familias hacia la sede de gobierno.

"Nosotros vestimos a la gente pobre y esto no lo vamos a dejar así, nosotros nos amparamos en la Constitución Política del Estado, y resulta contradictorio que con un proyecto de ley se quiera vulnerar la ley dejándonos a nosotros sin fuentes de empleo", añadió.

Al momento no existe un criterio oficial por parte del ejecutivo municipal, Edgar Bazán Ortega, que según la responsable de la unidad de Defensa al Consumidor, será un tema de tratamiento en los próximos días.
La representación del sector comerciante de prendería y ropa a medio uso, rechazó el proyecto de ley anunciado por el vicepresidente Álvaro García Linera, que otorga competencia a las municipalidades para ejercer controles en la internación y comercialización de esta mercadería, en el propósito de fortalecer a la producción nacional.

Si bien a la fecha está vigente una normativa que prohíbe la internación de este tipo de mercancías, el sector comerciante expresó su disconformidad ante las autoridades de Gobierno, que es considerado atentatorio a sus "fuentes de trabajo".

En ese sentido, se dijo que esto merecerá un análisis a convocatoria de la dirigencia nacional, sin descartar el inicio de movilizaciones en todos los departamentos.

"Para ellos es fácil sacar un decreto o nuevas disposiciones, a nosotros nos quieren prohibir pero nadie dice nada de las mercaderías chinas, nos están invadiendo los productos chinos y ni siquiera son de calidad. Hemos tenido un ampliado nacional la semana pasada y ahí hemos decidido que nos vamos a poner fuertes ante cualquier disposición", afirmó el asambleísta departamental y representante de este sector en Oruro, Amadeo Tapia.

Según la autoridad, son más de 800 mil comerciantes en todo el país que en los últimos años incursionaron en esta actividad a consecuencia de la falta de empleo, en ese entendido, se cree que de aplicar rígidamente este proyecto de ley, los índices de desempleo incrementarían de forma negativa.

Por tanto, se exhortó al Gobierno Nacional analizar esta posibilidad convocando a una mesa de diálogo, ya que de lo contrario podrían suscitarse conflictos futuros movilizando a miles de familias hacia la sede de gobierno.

"Nosotros vestimos a la gente pobre y esto no lo vamos a dejar así, nosotros nos amparamos en la Constitución Política del Estado, y resulta contradictorio que con un proyecto de ley se quiera vulnerar la ley dejándonos a nosotros sin fuentes de empleo", añadió.

Al momento no existe un criterio oficial por parte del ejecutivo municipal, Edgar Bazán Ortega, que según la responsable de la unidad de Defensa al Consumidor, será un tema de tratamiento en los próximos días.