El productor del rubro textil y exdirigente de las Micro y Pequeñas Empresas (Mypes) Germán Tarqui calificó como una “norma muerta” el proyecto de ley que busca traspasar a los municipios el control a la venta de ropa usada, debido a que el Gobierno, a pesar de sus recursos, fracasó en la intervención a esta ilegal actividad comercial.
DEMANDAS
De acuerdo con Tarqui, desde el 2007 su sector demandó la creación de una política de Estado, que no solamente esté relacionada con la prohibición de internación de ropa usada desde las fronteras, tarea asignada a la Aduana Nacional, sino que se acompañe dicha acción con la posibilidad de crear e invertir en una Cámara de Productores Nacionales para agrupar a las Mypes, entidad que pueda brindar las condiciones necesarias para responder al mercado interno, así como a la exportación de sus productos.
ÚNICA DISPOSICIÓN
“Desde el 2007 sólo se aprobó el Decreto Supremo 28761, norma que si bien daba la tarea de concluir con el acopio de la mercadería de la ropa usada y el control por parte de los municipios, nada de eso se cumplió y lo único que ocasionó es que la actividad se vuelva lícita en favor de las arcas de los funcionarios de la Aduana”, señaló.
Si bien, en la actualidad, se anuncia un nuevo proyecto de ley que pueda dar mayor responsabilidad a los municipios en la tarea de controlar al comercio de prendas usadas, para Tarqui la norma “nacerá muerta”, debido a los pocos recursos con que cuentan los municipios y sin apoyo del Gobierno central, que permita la inversión en equipo destinado al control, decomiso y destrucción de prendería de segunda mano.
Por su parte, el dirigente de los productores medianos en El Alto, Néstor Conde, advirtió que esta norma permitirá también la reactivación de una problemática social, ya que no podrá ubicarse a más de 250 mil comercializadores de prendas usadas en el sector productivo, debido al fracaso de empresas textileras que estaban en manos del Gobierno, como el caso de Enatex.
GANANCIAS
Para la dirigencia de las Mypes, cada vez que el Gobierno presenta una nueva disposición que busca regular y controlar la venta de prendería usada, sólo permite generar mayores ganancias a los internadores de este producto y a los mismos comercializadores, porque les permite aumentar sus costos. Entretanto, los productores nacionales carecen de normativa alguna que los proteja y menos sus inversiones, para permitirles la exportación de la producción nacional a mercados externos.
Además, Conde pone en duda que la población destinada al comercio de la ropa usada pueda pasar al rubro de la producción, más aún cuando no existe ninguna inversión por parte del Estado que fomente la producción nacional o que, por lo menos, la proteja.
NORMA SIN EFECTOS
“Esta norma no tendrá efecto inmediato y nace en estado de coma. Esperemos que algún día, alguna instancia de gobierno, logre aplicarla plenamente, como ocurre en Chile, Argentina y Paraguay, países que demuestran mejor resultado en el control de sus fronteras”, concluyó el productor.
Cabe recordar que los comercializadores de prendería usada anunciaron que realizarán una marcha de protesta el lunes de la próxima semana, exigiendo se paralice el proyecto del Gobierno.
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