Ropavejeros se ven sin opción a otros trabajos

DECRETO 28761

El Decreto Supremo de 21 de junio de 2006, promulgado por el gobierno del presidente Evo Morales. En el mismo se estableció que el 21 de abril de 2007 sería el plazo final para la importación de ropa usada al país, y el 1 de marzo de 2008 el plazo final e indefectible para la venta. El Gobierno argumentó en esa época la defensa de la soberanía del país y que éste no era el basurero de Estados Unidos. No se avanzó en la reglamentación de dicho decreto y los plazos nunca se hicieron cumplir.

La venta de ropa usada en Sucre es un negocio cuyos involucrados ven con dificultad la posibilidad de migrar a otros rubros ante la escasez de empleos estables. El negocio no siempre reporta altas tasas de retorno para capitales fluctuantes que constantemente sufren las consecuencias de los decomisos aduaneros.

En Sucre, los comerciantes de ropa usada o también conocida como “ropa americana” están organizados en asociaciones de comerciantes asentados en las zonas de San Juanillo, las calles Marzana y Man Césped y el mercado El Morro. Una de ellas, probablemente la más grande, la Asociación de Ropa y Prendería A Medio Uso tiene aproximadamente 350 afiliados, pero el número fácilmente podría aumentar ya que en los últimos meses, en los alrededores del mercado Campesino, mucha gente empezó a dedicarse a este negocio y no está afiliada. También se abrieron nuevos puestos de venta de ropa americana en los mercados de Poconas y San Antonio. El rubro involucra la venta de ropa, prendería, juguetes y enseres, entre otros productos usados.

Mientras la presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa y Prendería a Medio Uso, Elizabeth Verástegui, señala que en Bolivia unas 250 mil personas se dedican a este negocio, en Sucre, el presidente de la Asociación de Ropa y Prendería A Medio Uso, Abner Vargas, considera que esa cifra es aún mayor.

Hace cinco años se tenía una cifra de 250 familias en el país, que se dedicaban a la venta de ropa americana, y actualmente están entre 500 mil o más de 1 millón “y en muchos casos la venta de ropa usada es su única opción de trabajo además de no tener capitales cuantiosos”, considera Vargas.

El capital que manejan los vendedores varía según el producto que se venda. Por ejemplo, un vendedor de calzados americanos que compra al detalle puede llegar a manejar un capital de entre $us 5.000 a 10.000, en tanto que un vendedor de ropa usada puede llegar a manejar unos diez fardos con un capital de entre $us 4.000 a 5.000.

El fardo de ropa usada puede costar entre $us 150 y 400 en calzados, dependiendo de la calidad de mercancía, y se lo adquiere en la feria de Oruro, conocida como "Kantuta".

Los vendedores de ropa usada de Sucre en su mayoría compran sus mercancías en Oruro hasta donde llegan las importaciones de Chile, donde se sabe que se aplican controles sanitarios. De ahí que surge una gran diferencia entre la magnitud de los capitales de los vendedores de Sucre y los importadores de Chile. Una gran mayoría de comerciantes de la ciudad –en particular los que venden en las aceras– viajan a Oruro a comprar bolsas con ropa; los negocios mejor constituidos adquieren fardos.

En promedio, un vendedor con alto capital compra “cada semana uno o dos fardos (...), pero los que tienen pequeños puestos, dos veces al mes, depende” explica Vargas.

Según el dirigente, la falta de empleo que existe en Sucre y generalmente en el país hace que los comerciantes se dediquen a este negocio que apenas permite cubrir “las necesidades de sus familias” y “vivir dignamente”.

La creciente demanda de ropa americana, no sólo en el país sino a nivel mundial, marca la atención de nuevos vendedores, por ello el dirigente anuncia también un próximo censo en la ciudad, para conocer una cifra más exacta de las personas que se dedican al rubro.

El CONTROL OPERATIVO ADUANERO (COA)

El negocio que a momentos puede parecer promisorio tiene obstáculos como el control aduanero o la calidad de la mercancía que se compra a fardo cerrado.

“Los funcionarios de COA, son muy abusivos te atropellan, te andan quitando las cosas, tratan como a delincuentes a personas que realmente están trabajando y están llevando el pan de cada día a sus hogares. Este es un negocio, yo pienso, para personas que tienen el derecho al trabajo, que está establecido en la Constitución Política del Estado, pero andamos peor que los narcotraficantes ocultando la mercadería y si nos pillan nos quitan, es un problema”, relata Vargas.

“El COA a veces nos hace llorar porque nos quita nuestra mercadería sin pena ni asco y nosotros con que sacrificio nos estamos juntando el dinero”, coincide Juan Pinedo, otro comerciante de zapatos americanos.

“Para hacer el traslado a nosotros nos complican, nos tratan como si fuéramos los que estaríamos robando al Estado, nos tratan de maleantes en las trancas, como si fuéramos narcotraficantes, nosotros estamos trayendo con nuestro dinero, lindo fuera que el Estado te dé sueldo fijo, genial, lo dejamos, pero nosotros no vivimos de eso. Nos cuesta traer la mercadería”, añade Martha Mamani, vendedora de ropa a medio uso.

La confiscación de la ropa usada supone una pérdida considerable para el vendedor ante la imposibilidad de recuperar su producto.

Con una antigüedad de unos 12 años trabajando en la venta de calzados usados, Juan Pinedo dice que en muchas ocasiones la gente “a mirar nomás entra y sólo gano para el dueño”, explica en referencia al alquiler de su tienda ubicada en la calle Claudio Peñaranda.

Él viaja a Oruro por las noches “quincenalmente, semanal a lo que haya plata, allá es quitonearse, de todo lado viajan allá, desde Argentina, Perú, de todo. Los peruanos llevan (mercancía de zapatos), los más caros y nosotros a lo que tenemos, hay que pelear con ellos” relata.

De la misma forma Abner Vargas, vende zapatos americanos en una tienda en la calle Man Césped, los productos están expuestos en tarimas y en expositores en la pared. Vargas cuenta que en tres ocasiones al realizar el viaje para traer mercadería de Oruro se la decomisaron los empleados del COA; tenía un capital de 8.000 dólares invertidos.

“Y bueno, tampoco se ve a dónde se va esa mercadería, parece que prácticamente se lo usa para fines personales”, denuncia.

Pinedo agrega que escogen la mercadería que traen. “Traemos los buenos calzados uno por uno, no traemos por bolsa. Antes traíamos por bolsa ahora ya no se trae por bolsa, no nos conviene porque basura no más es, algunos sirven, otros están impar, rotos, así viene”, señala.

Este vendedor comenta que el negocio ya no genera ingresos como antes. Confiesa que sólo alcanza “apenas para mantener a mis hijos, ellos están en la escuela Benjamín Guzmán y ni siquiera hago arreglar bien la casa”

Para Martha Mamani, comerciante de prendas usadas en una tienda de la calle Man Cesped, este negocio es su única fuente de trabajo para mantener a sus hijas. Ya lleva siete años en este negocio y, al igual que otros vendedores, viaja periódicamente a Oruro para traer mercadería.

Su vecino, Juan Carlos Ávila, explica que expone su ropa los días jueves, viernes y sábado, momento en el que abre los fardos para el público. La mejor ropa es disputada por los compradores y dejan otra parte. “Después está ahí, la ropa mala no sale y tenemos que votarla, a los mecánicos se los vendemos para trapos. A veces compramos por prenda, en los fardos hay cosas buenas y cosas malas, no siempre se gana, como todo en la vida, así es la vida, así es la suerte”, se sincera.

“Lo único que nosotros queremos es trabajar y que nos dejen trabajar, que nos dejen vivir, porque somos gente humilde, trabajadora y queremos ganar dinero honestamente”, pide Ávila al dirigirse al presidente Evo Morales.

En el sector de la plaza San Juanillo, doña Máxima Medrano es parte del grupo de personas que venden en el piso. Ella viaja los lunes a Oruro y vuelve el martes por la mañana. “Nosotros traemos en bolsas pequeñas y hasta de eso nos controlan, por esa parte deberían tener un poco de paciencia también los del COA porque no traemos con harto capital con poco capital traemos”, lamenta.

La propuesta de ley impulsada por el Ejecutivo y los pequeños empresarios, busca prohíbir la venta de ropa usada en el país y delegar el control a las alcaldías. Fue “como un balde de agua fría” para Medrano, porque el negocio de ropa usada es la única fuente de ingresos para su familia. “Sino con qué vamos a mantener a nuestros hijos, yo tengo hijos que están en la Universidad con este negocio mantengo” añade.

“En Oruro existe control sólo para las que traemos poca mercancía y las grandes mayoristas que traen de Chile, Iquique no hay control, sino deberían controlar en la frontera para que no entre de una vez”, señala.

El 21 de junio de 2006, el gobierno del presidente Morales aprobó un decreto en el que se establecía el 21 de abril de 2007 como plazo final para la importación de ropa usada al país, y el 1 de marzo de 2008 como plazo indefectible para la venta. El Gobierno argumentó en esa época la defensa de la soberanía del país y que éste no era el basurero de Estados Unidos. No se avanzó en la reglamentación de dicho decreto y los plazos nunca se hicieron cumplir.

Cifras del sector

Un anteproyecto de ley impulsado por el Ejecutivo y la Micro y Pequeña Empresa, establece la prohibición de la venta e importación de ropa usada, para proteger la industria nacional. El mismo congeló su debate en el Comité de Industria y Comercio de la Cámara de Diputados ante la protesta de los comerciantes en varias ciudades del país.

La Comisión Nacional de Prendería de Ropa Usada decidió mantener en suspenso sus medidas de presión hasta reunirse con el presidente Evo Morales. El encuentro se suspendió en distintas oportunidades por la agitada agenda presidencial; la última fecha tentativa era el 27 de mayo.

La Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa defiende dicho proyecto de ley y lo califica como "un hecho histórico" para su sector, porque defiende la industria del país y miles de fuentes de empleo. Este sector además demanda la aprobación de una ley de asignación de competencias para que las alcaldías se inserten en la lucha contra el contrabando de ropa usada.