La falta de tecnología textil, materia prima a bajo costo y la vulneración de los decretos supremos 28761, 29463 y 29521, se constituyen en las principales causas para que los empresarios y microempresarios de ropa no puedan competir con la venta de prendería de segunda mano que ingresa ilegalmente al país.
El presidente de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype), Víctor Ramírez, informó a la ANF que los textileros pierden al año 160 millones de dólares a causa de la competencia desleal que genera la venta de ropa usada, detrimento económico que se multiplicó en los últimos cinco años en desmedro de este sector productivo.
“Hay que tener tecnología, materia prima a bajos costos, deben luchar contra el contrabando de ropa nueva, contra el contrabando de ropa usada, así también tienen que competir con la mano de obra que tiene China. Entonces, es eso lo que le falta a nuestra producción, es la competitividad, se necesita desarrollar más competitividad, más producción para poder sustituir esta importación por producción nacional”, sostuvo, por su parte, Ximena León, gerente Técnico del IBCE a la ANF.
Este criterio es compartido por el concejal del municipio paceño, Jorge Silva (MAS) y exdirigente de Conamype, quien afirma que la mano de obra boliviana aún continúa operando artesanalmente como hace 50 años, mientras en los países vecinos como Ecuador y Perú compiten con grandes maquinas industriales, lo que les permite abastecer las necesidades del mercado interno y externo. A ello se suma la falta de una política productiva de parte del Gobierno.
“Nuestros productores siguen con la maquinita Singer en algunos casos o con la doble recta, entonces mientras un productor peruano está produciendo 50 pantalones jean a la hora, nuestros productores están produciendo 5 o 10, entonces en el tema de la confección mucho tiene que ver la tecnología”, manifestó.
NORMA INCUMPLIDA
Otro de los males para el sector formal es el incumplimiento de parte del Gobierno y de las alcaldías del Decreto 28761, vigente desde el 21 de junio de 2006, norma que junto a los decretos 29463 y 29521 prohíbe la importación y comercialización de ropa usada desde el 1 de abril de 2009.
El decreto 28761 señala que estas entidades son las encargadas de realizar el control para impedir la internación al país, además de ejecutar acciones para evitar la venta en el mercado interno.
En ese marco la Conamype exige a la Aduana Nacional de Bolivia (ANB) y a la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), que se utilicen todos los recursos necesarios para que se haga un efectivo control de las fronteras, con el fin de que se prohíba totalmente la internación de prendería de segunda mano.
RECONVERSIÓN PRODUCTIVA
El 25 de julio, a través del Decreto Supremo 29208 de 2007, el Gobierno autorizó al entonces Ministerio de Hacienda (hoy Ministerio de Economía) constituir un fideicomiso, de manera temporal y no definitiva, por un monto de hasta 80 millones de bolivianos para la implementación del Programa de Reconversión Productiva y Comercial.
Según los ropavejeros de El Alto, ese dinero nunca se hizo efectivo o tal vez no benefició a todos. Para el concejal Silva la política del Gobierno de Evo Morales, fue sólo una propuesta casi electoral, sin ningún tipo de planificación a corto, mediano y largo plazo, por lo que no tuvo resultados.
“Se les ha dado plata sin ningún tipo de capacitación en control de administración y lo que han hecho los comerciantes es agarrar ese capital y ha ido a traer más ropa usada”, sostuvo el concejal Jorge Silva.
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