domingo, 6 de julio de 2014

‘Piloteros’ destapan cadena de internación de la ropa usada

La vigencia de los decretos supremos 28761 y 29521 no pone freno a la internación de ropa usada al país. Un equipo periodístico de EL DEBER estuvo en Iquique (Chile), y los ‘piloteros’ (transportadores de mercadería) revelaron que por una paga de $us 5.760, además de una ‘coima’ de unos Bs 800 a los policías bolivianos en la frontera, se pueden internar 320 fardos. Negocio redondo.

Se constató que la ‘ropa americana’ usada atraca y se comercializa legalmente en los puertos de Iquique (Chile), por eso circula libremente en ese país, aunque sus autoridades evitan que se comercialice desordenadamente en la calle.

El problema se presenta al llegar a la frontera con Bolivia, pero, como relatan los piloteros, “todo tiene solución”.

Ellos se dan modos para llegar hasta la ciudad de Oruro y entregar ‘el encargo’ al cliente que los contactó. Entre los piloteros hay bolivianos y chilenos que, según su experiencia en el sector, ingresan al país con mercadería. Por las calles de Zona Franca de Iquique (Zofri), cerca de los grandes galpones donde llega la ropa, ellos aparecen en las esquinas; muy amables, y mientras comen una alita de pollo, explican con grandes detalles, que hay formas de traspasar la frontera y revelan los costos de la travesía.

Hay quienes toman una de las 114 rutas identificadas por la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, dentro de su Plan Frontera Norte, ejecutado en la gestión de Sebastián Piñera. Aquí, el ingreso de autos chutos es clave. La “ropa para chutear” ingresa en los carros que serán vendidos también en Oruro, en el mercado informal.

Otros, prefieren tomar caminos que unen la Aduana Colchane-Pisiga, donde logran “camuflar” las prendas con otros productos legales, en camiones que ingresan, y una coima de por medio, según una boliviana en Iquique que sabe del negocio. Los piloteros consultados le ponen monto a la tarifa de la coima policial en Bolivia. “Cuesta unos Bs 800”, dicen.

En la frontera, los carabineros ratifican que en Chile no hay nada ilegal. Los policías bolivianos desmienten cobros irregulares (ver nota adjunta).

Otros transportistas también llegan sin problema en camiones chilenos hasta alguna población fronteriza con Bolivia, como Cariquima, donde se trasladan en vehículos con placa boliviana para pasar el altiplano boliviano, una vez más, hacia Oruro.

“Hasta Pisiga tranquilo llegas. Después, más allá, puede que tengas problemas. En la entrada a Oruro puedes pagar también”, indica otro pilotero.

Basta una llamada telefónica para indicar que la mercadería ya llegó sin problemas.

El costo ronda los $us 18 por fardo de prendas de primera, segunda o tercera calidad, que se entrega en Oruro y es cancelado allí. Se puede comprar hasta 320 fardos, por un valor de $us 5.700, regateable.

“Yo te estoy diciendo. A mí me conocen, hago el trabajo con seguridad”, asegura uno de los jefes de los piloteros, que dice tardar entre 3 y 4 días para llegar a destino.

Otros prefieren decir al negociante: “Si te pillan, pierdes todo”.

Para Chile, el negocio de la ropa usada no es un acto ilegal, siempre y cuando paguen sus tributos y vendan su mercadería de manera organizada, no en las calles.

El alcalde de Iquique, Jorge Soria, explicó que, para su municipio, la venta de ropa usada cumple con los tratados internacionales. “Ni siquiera hacemos cuestión de la venta de la ropa americana. Yo, como alcalde, hago cuestión para que no me invadan las calles. La venta debe ser organizada. No-sotros teníamos 1.500 venteros en las calles. Pero con nuestros inspectores se acabó. Ahora vamos a empezar a quitarles las cosas”, advierte.

El problema no es la ropa usada, sino que “anden en las calles sin autorización y no paguen impuestos”.

Propone que para controlar la internación a Bolivia se instalen sensores de tecnología avanzada en las fronteras.

En 2006, el Gobierno aprobó el Decreto 28761 que prohíbe la importación y comercialización de mercancía clasificada como prendas viejas, desechos, desperdicios, ropa íntima, de cama y de tocador.

Decretos posteriores modificaron los plazos que en principio limitaban la internación total hasta 2008. Desde 2010 hasta abril de 2014, la Aduana confiscó, con el Control Operativo Aduanero, más de 62.200 toneladas de ropa usada, internada al país de manera legal

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