Los comerciantes de ropa a medio uso o americana de Cochabamba anunciaron que entre hoy y el viernes realizarán asambleas extraordinarias para definir su posición ante la marcha nacional del próximo 22 de septiembre y la posibilidad de dar factura para su total formalización.
Mientras algunos vendedores (llamados también “ropavejeros”), de la calle Esteban Arce y adyacentes, manifestaron su disponibilidad de emitir facturas con la finalidad de que las autoridades no les quiten sus fuentes de trabajo, otros dijeron no tener ningún conocimiento de la propuesta.
Leonardo Tapia, dirigente del sindicato Primero de Mayo, sostuvo que su sector mantendrá hoy una reunión de emergencia y el próximo viernes otra a la que asistirán los 150 afiliados de Cercado para definir cuál es la posición de Cochabamba.
Sobre la posibilidad de emitir facturas, Tapia se excusó de brindar alguna información y se limitó a decir que tras la reunión del viernes tendrán “clara la figura”.
Alrededor de 250.000 comerciantes de ropa a medio uso del país, a través de sus representantes presentaron una propuesta técnica al Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural para salir de la informalidad y comenzar a tributar incluso emitiendo facturas, aseguró a Fides el dirigente del sector en la ciudad de El Alto, Tomás Quispe.
“En vez que vaya el dinero a algunas autoridades corruptas que se están enriqueciendo, mejor que vayan a las arcas del tesoro nacional, ese es nuestro objetivo, nosotros hemos planteado una propuesta técnica y no hay respuesta, esa es la molestia”, dijo Quispe.
El sector se prepara para una movilización nacional el lunes 22 de septiembre y analiza realizar una marcha desde Caracollo hasta la plaza de Armas de La Paz.
Descartaron la posibilidad de bloquear las carreteras por el perjuicio que ocasionaría a la ciudadanía, por lo cual las protestas se concentrarán en marchas.
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en todo el país existen alrededor de 350.000 vendedores de ropa usada.
El Gobierno nacional, en mayo de 2007, puso en marcha el Programa de Reconversión Productiva y Comercial con un fondo de 11 millones para préstamos con facilidades para este sector; sin embargo, la convocatoria no tuvo la aceptación esperada.
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